“Libertad Religiosa”

El 12 de junio de este año, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el proyecto de ley titulado “Libertad Religiosa”, en el cual propone el reconocimiento de las religiones de acuerdo con su naturaleza propia para facilitar su actuación en la sociedad. Propone otorgar la denominación de “entidades religiosas” a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas con goce de derechos propios en materia de funcionamiento y organización interna.
Asimismo, aclara que las creencias religiosas no pueden ser invocadas para discriminar o generar desigualdades ante la ley. No obstante, podemos identificar posibles discrecionalidades al analizar los artículos 6º y 7º en materia de derechos humanos e igualdad ante la ley: en el artículo 6º se expresa que “el ejercicio de los derechos de la libertad religiosa tiene como límite el derecho de los demás al ejercicio de sus propios derechos o libertades fundamentales, y aquellos prescriptos por la Ley que sean necesarios para proteger la seguridad, el orden, la salud, la moral pública y el respeto a la dignidad humana”. Estos últimos conceptos pueden ser un tanto vagos a la hora de querer denunciar algún tipo de discriminación o discrecionalidad por parte de una persona religiosa hacia un tercero. Por ejemplo, si un juez impide el matrimonio entre dos personas de un mismo sexo por cuestiones religiosas o morales, ¿estaría atentando contra la protección de la seguridad, el orden, la salud, la moral pública, o el respeto a la dignidad humana?: estos derechos son muy generales y podrían ser falseados cercenando el derecho de un particular. El artículo 7º puede reforzar esta posibilidad, ya que dice que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”. Agrega que la objeción de la obligación legal no será aceptada si la autoridad pública que impuso la obligación legal considerase que obedece a un interés público imperativo. Aquí podemos observar discrecionalidad, al usar la noción de “consideración”, y posible vaguedad, al optar por la obediencia de “un interés público imperativo”.
Asimismo, si bien dice que tampoco será aceptada la objeción a una obligación legal en caso de que “se derivara un daño directo a derechos de un tercero que podría ser evitado a través de la conducta objetada”, explicita que el derecho a la objeción de conciencia puede ser ejercido en los siguientes supuestos (entre otros, que no especifica): prestación del servicio militar, cumplimiento de tareas profesionales en el ámbito sanitario, sometimiento a tratamientos médicos, homenaje activo a símbolos patrios, juramentos, actividad laboral o escolar en días de fiesta o descanso religioso. Si el objetor puede negarse a cumplir con una norma en la enseñanza, puede alegar tranquilamente que sus creencias le impiden impartir ciertos conocimientos, lo que podría resultar un atentado contra los derechos de niños y adolescentes a la educación; lo mismo sucedería si el objetor se rehúsa al cumplimiento de tareas en el ámbito de la salud.
Si bien es justo otorgarle una naturaleza específica a las entidades religiosas y respetarles su autonomía, habría que debatir bien el derecho a incumplir con una obligación legal por parte de personas particulares religiosas cuando están en juego los derechos de terceros, a los efectos de impedir bajo toda circunstancia que quienes profesan una religión o una moral puedan imponérsela al resto atentando contra los derechos humanos.