Arbitrariedad institucional e insensibilidad social: labor parlamentaria 2016

Los argentinos comenzamos el 2016 padeciendo el injusto e inconstitucional nombramiento de nuestros jueces supremos: su designación fue por decreto y no con acuerdo del Senado, como dicta la Constitución: estos “jueces por decreto” se presentaron luego como los candidatos para ser miembros de la Corte Suprema ante el Senado. Sin ánimos de deslegitimar sus investiduras profesionales, fue y es una falta de respeto a nuestro órgano legislativo.
Éste no fue el único ninguneo a la labor parlamentaria por parte del Presidente Macri. Su insensibilidad social llego a tal extremo, que no tuvo ni el más mínimo reparo en vetar una ley que protegía a los trabajadores de los despidos y suspensiones (que hoy superan más de 100.000 en menos de un año de gestión). La ley de emergencia ocupacional o ley antidespidos, aprobada por ambas Cámaras, funcionaba como medio de contención laboral, suspendiendo por seis meses la ola despiadada e injustificada de despidos. Por eso, el veto habilitó salarios en baja, menos horas laborales, más suspensiones y más precarización laboral.
A la emergencia laboral se le complementa la emergencia hidrocarburífera: el reclamo de los trabajadores de Yacimientos Carburíferos de Río Turbio (YCRT) es un ejemplo esclarecedor del problema: no sólo se están perdiendo puestos de trabajo, con suspensiones y amenazas, sino que además la desinversión cuantiosa de la empresa nacional establece con claridad la política desmanteladora por parte del Gobierno Nacional, apostando a la importación de energía más que a la producción nacional, atentando seriamente contra la soberanía energética. Lo mismo sucede con el sector petrolífero: las suspensiones se multiplican, los retiros voluntarios y la bajas de los equipos de trabajo aumentan, debilitando así a las familias patagónicas y dejando desvanecer la recuperación de YPF  (volviendo a las prácticas político-económicas que en los 90 vaciaron nuestra empresa).
Las inversiones nunca aparecieron. El gobierno juraba que vendrían luego de pagarles a los fondos buitre. No sólo tomamos deuda para pagarles a los deudores, sino que legitimamos a usureros que especulan con la desgracia económica de los países emergentes, aplicando terrorismo financiero.
Si bien hemos podido lograr consenso para la emergencia energética, aprobando el proyecto de comunicación para la suspensión por 180 días del pago de tarifas, el tarifazo fue tan devastador que significó una de las causas más influyentes en el deterioro del poder de compra de los trabajadores. A ésta situación penosa se le suma el proyecto del Ejecutivo del impuesto a las ganancias: aquellos que dejarán de pagar,  el año que viene volverán a percibir menos ingresos porque deberán abonar ganancias nuevamente al actualizárseles el sueldo por las paritarias.
Desde nuestro espacio legislativo, siempre vamos a abogar por leyes que resguarden una retribución justa para los trabajadores con salarios de calidad que garanticen el derecho a la movilidad social ascendente de las familias argentinas: esta vocación y convicción política está en sintonía con la gobernabilidad que todos los argentinos nos merecemos, gobernabilidad que no tiene que ver con legislar a favor de los más poderosos perjudicando al pueblo argentino, sino con legislar en pos de su bienestar. La gobernabilidad que pide el Gobierno Nacional va en contra de los puestos de trabajo y del federalismo: nuestras provincias han sido políticamente amenazadas y económicamente extorsionadas con el fin de obtener adhesiones en el Senado de la Nación en la votación de leyes (en particular, el proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias).
Es nuestro deber poner al descubierto que la intención del Gobierno de obtener “gobernabilidad” por parte de los legisladores nacionales es  a costa del sacrificio de la mayoría del pueblo argentino: la indiferencia del Gobierno Nacional ante la atónita mirada de los trabajadores amenazados con quedarse sin el sustento para sus familias, y ante  la terrible situación de desocupación e inestabilidad institucional, evidencia la decisión de destruir todo intento en defensa del salario y de la capacidad de consumo de los trabajadores para mejorar su calidad de vida.