DICTAMEN DE RECHAZO A LOS FONDOS BUITRES

Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se ratifican los acuerdos de cancelación de deuda con los tenedores de Títulos Públicos Elegibles. (CD- 3/16) DICTAMEN DE COMISIÓN EN MINORIA Honorable Senado: Vuestras Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión han considerado el Proyecto de Ley venido en revisión, registrado bajo Expte. Nº CD-3/16 “Propiciando la adopción de medidas tendientes a cancelar, con quitas significativas, la deuda en cesación de pagos derivadas de una serie de Títulos Públicos en default desde el año 2001” y el Expte. Nº CD-4/16 “Comunicando fe de errata en el proyecto de ley en revisión propiciando la adopción de medidas tendientes a cancelar, con quita significativas, la deuda en cesación de pagos derivadas de una serie de Títulos Públicos en default desde el año 2001. (Ref. CD-3/16)”; y por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su rechazo.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del reglamento del H. Senado, este dictamen pasa directamente al Orden del Día. Sala de la comision 22 de marzo de 2016.- María E. Labado.-

Las comisiones Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión han considerado Expediente C.D. 3/16, que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados, por el cual se derogan las Leyes Nros. 26.017, 26.547, 26.886 y la Ley N° 26.984 y sus normas reglamentarias y complementarias como así también toda otra ley, decreto o norma que sea contraria o incompatible con las disposiciones de la citada ley 26.984; también se modifica el articulo 42 de la Ley N° 27.198; y se ratifican los acuerdos de cancelación celebrados entre el Poder Ejecutivo Nacional y algunos tenedores de títulos públicos (y/o sus representantes) que fueran elegibles para el canje dispuesto en el Decreto N° 1.735 de fecha 9 de diciembre de 2004 y sus normas complementarias, que no hubiesen sido presentados a tal canje ni al dispuesto por el Decreto N° 563 de fecha 26 de abril de 2010, que se acompañan en Anexo, anticipando los motivos del rechazo. La ley que se pretende sancionar tiene como principal objetivo darle aprobación legislativa a un Acuerdo con los Fondos Buitre, y fue producto de una orden de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a cargo del juez Thomas P. GRIESA, como condición previa para el levantamiento de las órdenes judiciales “pari passu” dictadas por dicha Corte. No resulta posible para quienes defendemos la Soberanía Nacional permitir que el Honorable Congreso de la Nación sesione bajo la amenaza de un juez extranjero; en este caso, bajo la amenaza del Juez GRIESA de que, si no se aprueba el Acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo Nacional y no se le paga previamente a los Fondos Buitre que aceptaron la generosa oferta del Presidente Macri, no va a dejar sin efecto las ilegales órdenes “pari passu”. Este Acuerdo del Gobierno de Mauricio Macri con los Fondos Buitre se realizó antes y como condición para el levantamiento de las órdenes judiciales “pari passu” dictadas por el juez GRIESA, en lugar de ser consecuencia de una negociación realizada de buena fe por las partes involucradas, luego del levantamiento de las órdenes “pari passu”. La consecuencia de esta “negociación” es un Acuerdo celebrado bajo extorsión, que convalida una ganancia exorbitante a favor de estos Fondos Buitre, en términos dudosamente equitativos en relación al 93% de acreedores que ingresaron a los Canjes 2005 y 2010, y que a pesar de su generosidad deja no obstante la puerta abierta a mayores reclamos de un porcentaje importante de Fondos Buitre que no han aceptado esta oferta. A los fines de una cabal comprensión del tema, y previo al análisis pormenorizado del Proyecto de Ley en revisión, resulta necesario repasar los antecedentes: “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

I. ANTECEDENTES.

1. La Crisis del 2001 y el Contexto de los Canjes 2005-2010 El mes de diciembre de 2001 fue el escenario temporal donde se desató una de las crisis económicas, sociales y políticas más graves de la historia de la REPUBLICA ARGENTINA. En ese marco, nuestro país declaró el diferimiento del pago de capital e intereses de la deuda pública externa. Contemporáneamente, el Congreso Nacional mediante la Ley N° 25.561 (B.O. 7/01/2002), declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Dicha norma dispuso en su Art. 1°: “Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 10 de diciembre de 2003, con arreglo a las bases que se especifican seguidamente: 1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios. 2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales. 3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública. 4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°”. El diferimiento de pago de la deuda pública externa aparece así, no como un hecho aislado, particular, sino en el marco de las decisiones tomadas por el ESTADO NACIONAL para hacer frente a una crisis estructural que puso en jaque a su propia institucionalidad. Cabe tener presente que artículo 75 de la Constitucional Nacional establece que corresponde al Congreso “7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, como así también “8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”. En uso de dichas facultades y siempre en el marco de la situación de emergencia, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº Ley 25.827 de Presupuesto para el Ejercicio 2004, a través de la cual dispuso “…el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del gobierno nacional, contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” esa fecha, hasta que el Poder Ejecutivo nacional declare la finalización del proceso de reestructuración de la misma” (v. art. 59). En dicho contexto, a través del Decreto N° 1735/04 -Primer Canje “2005”- se dispuso “…la reestructuración de la deuda del ESTADO NACIONAL, instrumentada en los bonos cuyo pago fue objeto de diferimiento según lo dispuesto en el Artículo 59 de la Ley Nº 25.827”, mediante una operación de canje nacional e internacional a ser llevada a cabo con los alcances y en los términos y condiciones de dicho decreto, según se detallara en el modelo de “Suplemento de Prospecto (Prospectus Supplement)”, aplicable a la oferta internacional, en el Procedimiento Operativo aplicable en la REPUBLICA ARGENTINA y en las Condiciones Aplicables a los Bonos emitidos bajo la ley de la REPUBLICA ARGENTINA, que como Anexos formaran parte de dicha norma. Posteriormente, a través de la Ley Nº Ley 26.017, se dispuso que el PODER EJECUTIVO NACIONAL no podría, respecto de los bonos a que se refiere esta norma, reabrir el proceso de canje establecido en el Decreto Nº 1735/04 mencionado, como así también se le prohibió al ESTADO NACIONAL efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de dichos bonos (v. arts. 2º y 3º). A través de la Ley N° 26.547 (BO 10-12-09) se suspendió la vigencia de los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley N° 26.017 hasta el 31 de diciembre del 2010 o hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, declarase terminado el proceso de reestructuración de los títulos públicos alcanzados por la referida norma, lo que ocurriese primero. Además, se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos (v. art. 2). No obstante ello, mediante su artículo 3º se dispuso que “Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser iguales ni mejores que los ofrecidos a los acreedores, en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto Nº 1735/04”. Finalmente, se estableció que los tenedores de títulos públicos interesados en participar de la operación de reestructuración, debían renunciar a todos los derechos que les pudiesen corresponder en virtud de sus títulos, inclusive a aquellos derechos que hubieran sido reconocidos por cualquier sentencia judicial o administrativa, laudo arbitral o decisión de cualquier otra autoridad, y renunciar y liberar a la REPUBLICA ARGENTINA de cualquier acción judicial, administrativa, arbitral o de cualquier otro tipo, iniciada o que pudiere iniciarse en el futuro con relación a los referidos títulos o a las obligaciones de la REPUBLICA ARGENTINA que surgiesen de los mismos, incluyendo cualquier acción destinada a percibir servicios de capital o intereses. En lo que aquí interesa, a través del artículo 5º de la Ley N° 26.547 se prohibió al Poder Ejecutivo Nacional ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo, un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho. “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” En uso de dicha autorización, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 563/10 -Segundo Canje “2010”-, a través del cual se dispuso la reestructuración de la deuda del ESTADO NACIONAL, instrumentada en los títulos públicos que fueran elegibles para el canje dispuesto en el Decreto Nº 1735/04. Fue así que en el marco del mencionado proceso de reestructuración de deuda Soberana, el Honorable Congreso de la Nación dictó la Ley N° 26.886 (BO 23-09-13), por la cual autorizó al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos que hubieran sido elegibles para el canje dispuesto en el Decreto Nº 1.735/04 y sus normas complementarias que no hubiesen sido presentados al mismo ni al canje dispuesto por el Decreto Nº 563/10, en los términos del artículo 65 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, con el fin de adecuar los servicios de dicha deuda a las posibilidades de pago del ESTADO NACIONAL en el mediano y largo plazo (v. art. 1º). Asimismo, a través de su artículo 2º se limitaron las facultades otorgadas al PODER EJECUTIVO NACIONAL, al establecer que “Los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto Nº 563/10”. También en esta oportunidad el Honorable Congreso de la Nación dispuso que los tenedores de títulos públicos que fueran elegibles para el canje que deseen participar de cualquier operación de reestructuración que se realice debían renunciar a todos los derechos que les correspondiesen en virtud de sus títulos y, expresamente prohibió al Poder Ejecutivo Nacional ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho (v. art. 4º) En este sentido, se destaca que Ley N° 24.156, faculta al Poder Ejecutivo Nacional para realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales (v. art. 65). Como resulta de lo expuesto, la reestructuración de la deuda pública argentina tuvo su origen en la situación de emergencia declarada por la Ley N° 25.561 y normas concordantes, habiéndose contemplado a través de lo dispuesto por el Honorable Congreso de la Nación en ejercicio de sus facultades constitucionales, tanto la encomienda de reestructurar los pasivos en las condiciones autorizadas en cada caso y dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de cada una de tales reestructuraciones, como la prohibición expresa de reconocer a los acreedores que no hubieran ingresado oportunamente en el canje efectivizado en los años 2005 y 2010, mejores condiciones financieras que las ofrecidas en el marco de los canjes de deuda dispuestos por los Decretos Nros. 1735/04 y 563/10. “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Adicionalmente, el Honorable Congreso de la Nación a través de las Leyes Nros. 26.547, 26.886 y 26.984 prohibió al Poder Ejecutivo Nacional ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que a aquellos que no lo hubieran hecho. En tal sentido, con relación a la deuda no reestructurada, en los términos resultantes de la Ley N° 26.895, el Poder Ejecutivo Nacional sólo cuenta con facultades limitadas de renegociación que no lo autorizan, en la actualidad, a ofrecer mejores condiciones financieras que las oportunamente acordadas a los tenedores de bonos que hubieran ingresado en los anteriores canjes, ni tampoco a aquellos que hubieran iniciado acciones judiciales, un trato más favorables que aquellos que no lo hubieran hecho. Esta política de “trato equitativo”, implementada por las leyes citadas precedentemente, fue defendida internacionalmente por la REPÚBLICA ARGENTINA, logrando el apoyo prácticamente unánime de la Comunidad Internacional. De hecho, esta política fue expresamente avalada por la Declaración sobre Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobada por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, y declarado de Orden Público Nacional por el Honorable Congreso de la Nación, mediante la Ley Nro. 27.207 del 4 de noviembre de 2015.

2. La causa NML Capital, Ltd., et al v. Republic of Argentina El 7 de noviembre de 2003, NML demandó a la REPUBLICA ARGENTINA por la falta de pago de ciertos Floating Rate Accural Notes (FRANs) de su tenencia –emitidos según el Fiscal Agency Agreement (FAA) de fecha 19 de octubre de 1994-. En el contexto de las demandas iniciadas por NML, Argentina solicitó que se dejara sentado que la cláusula Pari Passu (i) no requiere pago a prorrata, (ii) no establece la prohibición de pagar a un acreedor y (iii) no ordena el cese de pagos por no pagar a uno o más acreedores. NML argumentó que la cláusula sí exige el pago a prorrata, pero instó al Juez a no decidir sobre este punto por tratarse de una cuestión planteada aún en un reclamo activo. En 2004, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a cargo del juez Thomas P. GRIESA, estableció que no existía controversia actual al respecto. En octubre de 2010, NML solicitó (i) permiso para modificar su demanda alegando que Argentina había estado en continua violación de la cláusula Pari Passu desde 2005, (ii) una orden del juez que generara la restauración del rango de su deuda haciendo ratable payments (pagos a prorrata) y, (iii) que ejecutara dicha orden impidiendo el pago a los bonistas que entraron en los Canjes de 2005 y 2010, a menos que en simultáneo se pagara a NML el total de sus tenencias no reestructuradas. Justificaron el pedido de cumplimiento específico en que el daño sufrido no sólo es la falta de “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” pago, sino también la falta de pago en igualdad de condiciones con relación a los bonistas que entraron a los Canjes. El 7 de diciembre de 2011, el juez GRIESA resolvió que tanto el dictado de las Leyes Nros. 26.017 y 26.547 como los pagos periódicos de los servicios de los bonos emitidos para los Canjes supusieron la disminución del rango de los bonos de NML, violando así la cláusula Pari Passu, pero rechazó la solicitud de NML (de que se realice el pago en su totalidad cuando se pague a los tenedores de bonos emitidos para los canjes) en tanto supondría interferir con los pagos a los bonistas e instó a hacer unas nueva propuesta para dar cumplimiento a su sentencia. En enero de 2012, NML solicita una “nueva” propuesta idéntica a la anterior. El Juez GRIESA le ordena a la Argentina que no modifique el procedimiento de pago por medio del cual se realizan los pagos de los títulos de manera tal que no se logre evadir una eventual sentencia. El 23 de febrero de 2012 el Juez GRIESA finalmente emitió una orden requiriéndole a la Argentina que pague a los demandantes en su totalidad cuando se pague a los tenedores de bonos emitidos para los canjes. En marzo de ese año, la REPUBLICA ARGENTINA apeló estas decisiones ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, suspendiéndose los efectos de la sentencia del juez GRIESA durante el trámite de la apelación. El 26 de octubre de 2012, la Corte de Apelaciones emitió su decisión, confirmando por un lado la sentencia del Juez GRIESA sobre la existencia de una violación de la cláusula Pari Passu y, por el otro, reenviando la causa al Juez GRIESA para que aclarase la fórmula de pago a prorrata y cómo afectaría a terceros (incluidos los bancos intermediarios). El 21 de noviembre de 2012 el Juez GRIESA aclaró la fórmula de pago a prorrata, estableciendo que corresponde el pago del 100% debido a los demandantes junto con el pago de los servicios a los tenedores de la deuda reestructurada. Además, detalló la lista de terceras partes involucradas (participantes en el procedimiento de pago) y levantó el stay –suspensión– del 23 de febrero –que es restaurado por la Corte de Apelaciones a pedido de la REPUBLICA ARGENTINA el 28 de noviembre. El 28 de diciembre, la Argentina apeló la decisión de Juez GRIESA del 21 de noviembre ante la Cámara de Apelaciones, pero el 23 de agosto de 2013, la Cámara de Apelaciones confirmó dicha decisión. El 18 de febrero de 2014, la REPUBLICA ARGENTINA apeló la sentencia ante la CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS alegando, entre otras cuestiones, la violación de la inmunidad de ejecución de la que goza el Estado argentino en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos; y que esta decisión tendría, en su caso, graves consecuencias sistémicas no sólo para la REPUBLICA ARGENTINA sino para el futuro de todas las “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” reestructuraciones de deuda soberana, tal como lo reconoció el propio Estados Unidos, Brasil, México, Francia, el Fondo Monetario Internacional, la UNCTAD y numerosas organizaciones internacionales. Sin embargo, la solicitud fue denegada el 16 de junio de 2014, quedando firmes las órdenes “pari passu” dictadas por el juez.

3. La orden procesal del 21 de noviembre de 2012 del juez GRIESA. La resolución del 21 de noviembre de 2012, recaída en la causa NML Cap. Ltd., et al, v. Republic of Argentina y dictada por el Juez Thomas P. GRIESA, confirmada por el Segundo Circuito el 23 de agosto de 2013 y que quedó firme el 16 de junio de 2014 con la sentencia de la CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS, le ordena a la REPUBLICA ARGENTINA, de forma permanente, cumplir específicamente con sus obligaciones debidas a NML en virtud del Párrafo 1 (c) del FAA, según se detalla a continuación: a. Cada vez que la República pague cualquier monto debido bajo los términos de los bonos u otras obligaciones emitidas en las Ofertas de Canje de la República de 2005 o 2010, o cualquier canje o sustitución de las Ofertas de Canje que puedan ocurrir en el futuro (colectivamente, los “Bonos de Canje”), la República deberá simultáneamente -o con antelación- realizar un “Pago a Prorrata” a NML (según se define más abajo y en la decisión de la Corte del 21 de noviembre de 2012). b. Tal “Pago a Prorrata” que se le ordena a la República realizar a NML deberá ser de un monto igual al “Porcentaje de Pago” (según se define más abajo), multiplicado por el monto total debido en la actualidad a NML en relación con los bonos de los que tratan estos casos (08 Civ 6978, 09 Civ. 1707, y 09 Civ. 1708), incluidos los intereses previos al juicio (los “Bonos NML”). c. Tal “Porcentaje de Pago” deberá ser la fracción que resulta de la división del monto total realmente pagado o que la República tiene la intención de pagar bajo los términos de los Bonos de Canje por el monto total debido entonces en virtud de los Bonos de Canje. d. Se le prohíbe a la República incumplir con el Párrafo 1 (c) del FAA, incluyendo la realización de cualquier pago en virtud de los términos de los Bonos de Canje sin cumplir con su obligación bajo el Párrafo 1 (c) del FAA de realizar simultáneamente -o con antelación- un Pago a Prorrata a NML. e. Dentro de los tres (3) días siguientes a la emisión de esta orden, la República deberá proporcionar copias de esta orden a todos los participantes en el proceso de pago de los Bonos de Canje (“Participantes”). Dichos Participantes quedarán obligados por los términos de esta orden según lo dispuesto por la Regla 65(d)(2) y prohibidos de ayudar e incitar cualquier violación de esta orden, incluyendo cualquier otro incumplimiento por la República de sus obligaciones bajo el Párrafo 1 (c) del FAA, como ser cualquier esfuerzo para realizar pagos bajo los términos de los Bonos de Canje sin también realizar simultáneamente -o con antelación- un Pago a Prorrata a NML. “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” f. El término “Participantes” se refiere a las personas y entidades que actúen en concierto o participación activa con la República, para ayudar a la República en el cumplimiento de sus obligaciones de pago en virtud de los Bonos de Canje, incluyendo: (1) los fideicomisarios y/o registradores bajo los Bonos de Canje (incluido, pero no limitado a, The Bank of New York Mellon, anteriormente conocido como The Bank of New York); (2) los propietarios registrados de los Bonos de Canje y candidatos de los depositarios de los Bonos de Canje (incluidos, pero no limitado a, Cede & Co. y The Bank of New York Depositary (Nominees) Limited) y cualquier institución que actúe como candidato; (3) las entidades de compensación y sistemas, depositarios, operadores de sistemas de compensación y agentes de liquidación para los Bonos de Canje (incluidos, pero no limitados a, el Depository Trust Company, ClearstreamBanking S.A., Euroclear Bank S.A./N.V. y el EuroclearSystem); (4) agentes fiduciarios de pago y agentes de transferencia de los Bonos de Canje (incluidos, pero no limitado a, The Bank of New York (Luxembourg) S.A. y The Bank of New York Mellon (incluido, pero no limitado a, The Bank of New York Mellon (London)); (5) abogados y otros agentes contratados por cualquiera de los anteriores o por la República en relación con sus obligaciones en virtud de los Bonos de Canje. g. Nada en esta Orden se interpretará como extendiéndose a la conducta o acciones de un tercero que actúa únicamente en su rol de “banco intermediario”, en virtud del Artículo 4A del UCC y N.Y.C.L.S. U.C.C. § 4-A-104, implementando una transferencia de fondos en relación con los Bonos de Canje. h. Cualquier tercero que haya recibido la debida notificación de la presente Orden, de conformidad con la Regla 65(d)(2), y que requiera una aclaración respecto de sus deberes bajo esta Orden, si los hubiera, podrá presentar una solicitud ante esta Corte, notificando a la República y a NML. Esta aclaración se proporcionará con prontitud. i. Simultáneamente o con antelación a la realización de un pago de los Bonos de Canje, la República certificará a la Corte, y dará aviso de esta certificación a sus Participantes y a los abogados de NML, que la República ha cumplido con sus obligaciones en virtud de esta Orden de realizar un Pago a Prorrata a NML. Recordemos que el pago, supuestamente debido por la REPUBLICA ARGENTINA a NML y que debería ser satisfecho en las condiciones mencionadas, es el resultante de la sentencia 7 de diciembre de 2011 donde se declaró que la REPUBLICA ARGENTINA debe pagarle a los demandantes y que violó la denominada cláusula Pari Passu.

4. La postura del Estado Nacional: la defensa del Órden Público Argentino. A pesar de las amenazas de los Fondos Buitre, del juez GRIESA, del mediador designado por el juez –Sr. Daniel Pollack–, e incluso de algunos dirigentes argentinos que recomendaban hacer lo que ordenaba el juez, sin mayor discusión (por ejemplo, el ahora Presidente Macri señaló en una entrevista realizada el 19 de junio de 2014 que “ahora hay que ir, sentarse en lo del juez Griesa y hacer lo “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” que diga”), La REPÚBLICA ARGENTINA se mantuvo firme en la postura de que los Estados soberanos no son personas individuales comunes, por tanto, el alcance de las medidas cautelares y de ejecución dentro y fuera de los Estados Unidos, dictadas por tribunales norteamericanos, son de interpretación restrictiva y de aplicación en ese territorio. La regla de ejecutabilidad de Estados extranjeros debe cumplir, en los Estados Unidos de América, los estándares de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) de 1976, e incluso ante la propia FSIA esta regla no se aplica cuando “podría haber… interferencia con la soberanía de otra nación” (Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280, 289 (1952). En lo que respecta al ámbito de la REPUBLICA ARGENTINA, la sentencia extranjera requiere de un proceso judicial que la reconozca y le otorgue la fuerza ejecutoria necesaria para su efectivización. Dicho procedimiento se encuentra descripto en los artículos 517, 518 y 519 del CPCCN. Si bien los Fondos Buitre nunca iniciaron dicho procedimiento en nuestro país, cabe tener presente que uno de los requisitos exigidos por la normativa aplicable para el reconocimiento y ejecución en la REPUBLICA ARGENTINA de una sentencia extranjera, es que “…la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino” (Conf. art. 517, inc. 4°, CPCCN). Ese tipo de control se encuentra previsto, además, en un importante conjunto de tratados, bilaterales o multilaterales, que nutren al derecho positivo internacional, como así también en otros tantos regímenes procesales del derecho comparado, habiendo sido ejercido en nuestro país respecto de sentencias que reconocían el derecho de bonistas a cobrar la deuda reestructurada por la REPUBLICA ARGENTINA en las condiciones originales de emisión, en diversos pronunciamientos. En uno de estos pronunciamientos, recaído en la causa “CLAREN CORPORATION c/ ESTADO NACIONAL (ARTS. 517/518 CPCC) EXECUATUR s/ VARIOS”, la Procuración General de la Nación en su dictamen de fecha 5 de abril de 2013, concluyó que: “…uno de los objetos centrales del procedimiento de exquatur –tal como está regulado en nuestro derecho, así como en los tratados internacionales y en el derecho comparado – es que el juez nacional controle que la decisión extranjera no vulnere el orden público local. Ello no solo muestra la legitimidad de ese control, sino también su oportunidad…”. Por su parte, respecto de la relación entre la prórroga de jurisdicción y el control jurisdiccional, la Procuración General afirmó que “la prórroga de jurisdicción por parte del ESTADO NACIONAL –cuya validez no ha sido controvertida aquí – no impide que el reconocimiento de la fuerza ejecutoria de la sentencia foránea en nuestro país esté condicionado al debido resguardo del orden público local en los términos del inciso 4 del artículo 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación… En efecto las normas que regulan el procedimiento aplicable obligan a evaluar la posibilidad de esa afectación como condición previa al “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” reconocimiento de fuerza ejecutoria – e incluso de cualquier otra forma de autoridad-”. Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con sustento en dicho dictamen, sostuvo en las mismas actuaciones: “Que … sobre la base de fundamentos que esta Corte comparte y hace suyos, en el referido dictamen de la señora Procuradora General se llega a la conclusión de que el exequátur pretendido por Claren Corporation no satisface el requisito previsto el inciso 4 del art. 517 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en tanto admitir la pretensión del accionante implicaría convalidar que éste, a través de una acción individual promovida ante un tribunal extranjero, eluda el proceso de reestructuración de la deuda pública dispuesto por el Estado Argentino mediante normas de emergencia dictadas por las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional” (EXPTE C-462/2011. 06/03/2014). El Estado Nacional sostuvo con firmeza que esta doctrina resulta aplicable a las medidas dispuestas por el Juez GRIESA en la causa NML Cap. V. Republic of Argentina, explicando que dichas medidas carecen de eficacia en nuestro país, en los términos de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al desconocer las normas nacionales que declararon la emergencia económica y la reestructuración de la deuda soberana.1 Sin embargo, el juez GRIESA nunca admitió explícitamente que sus órdenes “pari passu” trataban –en violación del derecho internacional y de la propia ley de los ESTADOS UNIDOS– de “forzar” o “ejecutar” sus sentencias monetarias a favor de los Fondos Buitre contra un Estado extranjero, que goza de inmunidad de ejecución. En este sentido, debe recordarse que la medida cautelar “pari passu” fue siempre justificada por el juez GRIESA en la necesidad de “sentar” a la REPÚBLICA ARGENTINA a la mesa de negociación ya que, a su criterio, esta medida no tenía intenciones de dar ejecución a las sentencias monetarias, sino de garantizar que nuestro país “negocie de buena fe”. Si bien la REPÚBLICA ARGENTINA negoció siempre de buena fe, desde los Canjes 2005 y 2010 hasta la Ley de Pago Soberano, el juez GRIESA nunca estuvo dispuesto a levantar la orden que favorecía a los Fondos Buitre. Se decía que la Ley Cerrojo impedía hacer una mejor oferta y que, por lo tanto, Argentina no estaba abierta a negociar, sino que repetía siempre una misma oferta que no era aceptada por los fondos buitre, a pesar de que la oferta de los Canjes 2005 y 2010 también resultaba altamente rentable. Pero los hechos acaecidos en estos últimos tres meses demuestran que Griesa nunca 1 En ese sentido, tales medidas judiciales no sólo reconocen el pago de la deuda pública en sus condiciones originales –prescindiendo del plexo normativo de orden público local, que la reestructurara- sino que además, instituyen una mecánica por la que se intenta obstaculizar que la Argentina –con prescindencia de su ordenamiento jurídico interno- abone la deuda reestructurada sin hacer lo propio con la deuda no reestructurada, en términos tales que fueron reprobados como contrarios al orden público local por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la citada causa “Claren Corporation”. “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” hubiera levantado la orden “pari passu”, incluso si se derogaba la Ley Cerrojo, hasta tanto la REPÚBLICA ARGENTINA no le pagara a los Fondos Buitre lo que ellos reclamaban. La prueba de la extorsión es que, a pesar de que el Gobierno de Macri se sentó a “negociar” con el mediador designado por el juez, Sr. Daniel Pollack, y los buitres desde el día cero de su gestión, el juez GRIESA no dejó sin efecto la orden judicial “Pari Passu”. Más aún, en sus últimas decisiones, el propio juez reconoce que no va a levantar la medida cautelar hasta que la REPÚBLICA ARGENTINA no pague exactamente lo que reclaman los Buitres. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿qué tipo de negociación de buena fe, justa, equitativa, legal, razonable y sustentable para el país, puede llevarse adelante a las apuradas y bajo extorsión? Pero la extorsión del juez GRIESA ha ido más allá, porque ahora también extorsiona a este Honorable Congreso de la Nación, exigiéndole que sesione y derogue dos leyes (Ley Cerrojo y Ley de Pago Soberano), como una condición para levantar sus medidas cautelares vigentes; pero sin siquiera garantizar que no va a dictar nuevas órdenes “pari passu” en el futuro, a favor de los Fondos Buitre que no han aceptado este generoso ofrecimiento del Gobierno de Macri, y cuyas exigencias para llegar a un Acuerdo serán obviamente más onerosas para la REPÚBLICA. En estas condiciones, el Poder Ejecutivo Nacional le eleva a este Honorable Congreso de la Nación un Proyecto de Ley para el pago a los Fondos Buitres. Este proyecto que trata el Honorable Senado de la Nación además cancela la investigación que se encontraba realizando la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación acerca del origen de la deuda y las operaciones realizadas, entre las que incluía sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones entre otros puntos, así como la investigación de la licitud o ilicitud de la adquisición hostil operada por los fondos buitres con la finalidad de obstaculizar el cobro del resto de los tenedores de deuda, y la acción que desarrolla en nuestro país el grupo de tareas contratado por aquellos (American Task Force Argentina-ATFA), dedicado a desprestigiar a la República Argentina, su Poder Ejecutivo, el Honorable Congreso de la Nación y su Poder Judicial. Estos puntos cuya investigación y análisis resulta fundamental para este Congreso de la Nación fueron quitados de las funciones de la Comisión. Este Proyecto de Ley debe ser rechazado, no sólo por haber sido enviado bajo condiciones de extorsión de un juez extranjero, sino porque sus términos son profundamente perjudiciales para nuestro país, tal como se detallará a

II. EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN
1. La exorbitancia e inequeidad de los montos ofertados en el Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo. Los acuerdos que el Poder Ejecutivo envió a este Honorable Congreso de la Nación resultan a todas luces inequitativos, tanto en relación a los bonistas que entraron a los canjes, como entre los mismos holdouts, ya que no todos recibieron el mismo tratamiento. La oferta que realizó el Poder Ejecutivo Nacional ad referendum del Congreso de la Nación, implicaría pagarles a algunos holdouts 150% del capital, mientras que a otros se les aplican distintas quitas, entre el 20% y 30% sobre el reclamo que hicieron ante la justicia de los ESTADOS UNIDOS. Nótese que en la gran mayoría de los casos se toma como punto de partida de la negociación el reclamo de los fondos buitre, no los montos de sentencias monetarias. Esto es así porque estos profesionales de la especulación financiera han demorado los trámites de sus litigios a los fines de no tener sentencias monetarias firmes, cuya tasa de interés es sustancialmente menor a la que ellos unilateralmente computan en sus reclamos en base a los contratos FAA. En consecuencia, debe también ser rechazada la afirmación del Poder Ejecutivo Nacional de que en estos Acuerdos se están reconociendo sentencias firmes de tribunales extranjeros. ¡Ni siquiera eso! Se está convalidando, sin sentencia monetaria firme en muchos casos, el reclamo de los fondos buitre. Asimismo debe recordarse que se encuentra pendientes de resolución los recursos de apelación presentados por la República Argentina contra las medidas cautelares pari passu dictadas a favor del grupo de bonistas “me too”. Estos exorbitantes reclamos multiplican en varias veces el valor nominal del capital original. De esta manera, con el acuerdo propuesto algunos fondos recibirían hasta 4 veces el valor nominal de los bonos. En otros casos, el acuerdo es todavía más oneroso para la REPÚBLICA ARGENTINA, como en el caso de los fondos buitre que poseían bonos FRAN, en los que la justicia reconoció un 100% anual de tasa de interés. En estos casos, en la oferta oficial obtendrían hasta 10 veces el valor del capital original. Los acuerdos presentados por el Gobierno encierran una fuerte inequidad. En particular, se ha generalizado una quita del 30% o 27,5% para aquellos fondos que poseen medidas cautelares (los llamados “me too”), pero sin embargo se ha realizado un acuerdo especial para un grupo de fondos con una quita del 25% más el reconocimiento de gastos legales, lo que lleva la quita al 21%. Se alega que esta quita especial se ofrece a los fondos que han realizado la demanda Pari Passu original, sin embargo, se observa entre quienes gozarían del beneficio de esta oferta fondos como FFI Fund LTD o FYI LTD que no forman parte de dicha demanda.

2 Asimismo, si bien existe una demanda Pari Passu original y sentencias posteriores en el mismo sentido a favor de los llamados “me too”, lo cierto es que al poseer medidas cautelares Pari Passu tanto unos como otros, la justificación de esta diferenciación en cuanto a las 2 Ver página 16 del Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo: “Dentro de los acreedores con sentencias “pari passu” en su favor, se encuentran los fondos NML, Aurelius Capital, ACP, Aurelius Opportunities, Olifant, FYI, FFI Y Blue Angel en cuyo acuerdo se contempla una quita inferior a la estipulada en la Oferta “Pari Passu”, en razón de haber sido ellos a favor de quienes fueron dictadas originariamente las órdenes “pari passu””    “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” ofertas, siguiendo la propia lógica del proyecto del Poder Ejecutivo, no parece sostenible. Más allá de esta diferenciación entre los holdouts con los que el Poder Ejecutivo ha arribado a un acuerdo y que se presentan en el proyecto de ley, se desprende de la información brindada que no se negoció con el 100% de los holdouts y, según trascendió por medios priodísticos, no todos los bonistas han aceptado los términos propuestos. De hecho, sólo se habría llegado a un acuerdo con tenedores de la mitad del valor nominal de la deuda en default. Esto implica que más allá de este acuerdo, seguirá habiendo bonos en default con clausulas Pari Passu y no puede descartarse que, aunque el juez GRIESA suspenda temporariamente las órdenes Pari Passu luego del pago a estos Fondos Buitre, en el futuro, el propio juez GRIESA u otro juez extranjero, a pedido de alguno de los fondos buitre que no han acordado con la generosa propuesta del Poder Ejecutivo, bloquee nuevamente los pagos de deuda argentina. De hecho, es interesante preguntarse qué están esperando aquellos que no aceptaron aún la oferta del gobierno argentino. Si no aceptan estas condiciones, es porque están esperando obtener un mejor acuerdo. Dado que la Ley propuesta por el Poder Ejecutivo deja abierta la oferta realizada en sus términos concretos, esta puede interpretarse como una nueva Ley Cerrojo –que ha sido tan cuestionada por los autores de este Proyecto de Ley en revisión– sólo que con el agravamente de ser una oferta a todas luces inequitativa y que entraña enormes riesgos para la República. En definitiva, al no estar garantizado que todos los holdouts participen de esta oferta, queda abierta la posibilidad que algún tenedor de deuda en default, utilice nuevamente el argumento pari passu para obtener una medida cautelar para volver a extorsionar al Gobierno Argentino, e incluso al mismo Honorable Congreso de la Nación. Por otra parte, algunos de los acuerdos cuya ratificación se ha solicitado al Honorable Congreso de la Nación no sólo no contienen cláusulas que impidan a los Fondos Buitres seguir litigando con los bonos comprendidos en los acuerdos (véase Acuerdos suscriptos con Montreux Partners L.P. y EM L en fecha 3 de febrero de 2016) sino que hay al menos un acuerdo (“Acuerdo suscripto con VR Global Partners, LP en fecha 19 de febrero de 2016”) que específicamente reserva la posibilidad de litigar con bonos que no estén siendo entregados como parte del acuerdo (“Términos adicionales (b) tanto el Tenedor como la República se reserva el derecho de procesar todos sus derechos, recursos, defensas, demandas de litigio y defensas de litigio con respecto a todos los bonos argentinos que no son Bonos enumerados en el adjunto al Cronograma del Acuerdo”), así como de volver a comprar bonos en default para acceder a futuras mejores ofertas (“(d) nada de lo contenido aquí como tampoco en el Acuerdo Marco de Solución le .prohibirá o de algún modo restringirá al Tenedor de adquirir bonos argentinos en cesación de pagos para fines comerciales o para participar en cualquier oferta futura de la República”), demostrando la voluntad de los Fondos Buitres de seguir litigando contra la Argentina. De esta forma, las ofertas, además de ser elevadamente costosas e inequitativas respecto a los tenedores que accedieron a los Canjes “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” 2005 y 2010, de ninguna manera otorga un cierre definitivo al conflicto en cuestión. 2. Los riesgos de una oferta inequitativa con los Canjes 2005 y 2010 La política de “trato equitativo”, implementada por los Canjes 2005 y 2010, y por la Ley de Pago Soberano, fue avalada por los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana Declaración aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y declarado de orden público nacional mediante la Ley 27.207. En particular, uno de Los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, aprobados el 10 de septiembre de 2015 mediante la Resolución N° A/RES/69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexagésimo noveno período de sesiones establece que “el principio del trato equitativo impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores, a menos que la diferencia de trato esté justificada conforme a derecho, sea razonable y se corresponda con las características del crédito, garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores”. Tal como se explicó precedentemente, los acuerdos sometidos a consideración de este Honorable Congreso de la Nación no sólo no guardan una relación de equidad entre sí, sino que muestran una gran disparidad con las ofertas realizadas en los Canjes de 2005 y 2010. Incluso, en algunos casos, las ofertas realizadas alcanzan a más del doble del valor actual de dichas ofertas, considerando la reinversión de los pagos de interés y capital recibidos por los bonistas Al no ser equitativa con los bonistas de los canjes 2005 y 2010, esta oferta entraña el riesgo que los bonistas que participaron de aquellas reestructuraciones exijan un tratamiento similar. No existen mayores precedentes jurídicos acerca de los riesgos que entraña ofrecer un trato diferenciado a los holdouts en relación a los bonistas del canje, aún vencida la clausula RUFO. No existe tampoco jurisprudencia sobre posibles reclamos que puedan hacer ciertos bonistas por las diferencias monetarias entre lo que ellos recibieron, respecto de otros bonistas. Pero tampoco existía precedente de interpretaciones de la cláusula “pari passu” como la realizada por el juez GRIESA cuando se emitieron los Bonos FAA en el año 1994, y evidentemente el riesgo legal de la inclusión de dicha cláusula estándar ha generado un gran perjuicio a nuestro país. Por ello, no existen garantías firmes de que en el futuro algún juez extranjero haga lugar a una demanda de Bonistas del Canje que sientan vulnerado su Derecho a un Trato Equitativo. Y, en este sentido, es cierto que el Poder Ejecutivo Nacional ha presentado a este Congreso dictámenes jurídicos de los estudios extranjeros Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP y Cravath, Swaine & Moore LLP que evalúan el riesgo legal en jurisdicciones extranjeras (principalmente EE.UU. e Inglaterra). Sin embargo, en primer lugar, ambos dictámenes poseen fechas posteriores a la de los acuerdos firmados, lo que “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” evidencia que estos se han firmado sin poseer dictámenes en la materia. En segundo lugar, los mencionados dictámenes no resultan satisfactorios para la evaluación de los riesgos legales a los que se enfrenta la República a partir de estos acuerdos, por posibles litigios de los bonistas reestructurados. Sostener que la clausula RUFO ha vencido es una obviedad que no agota la materia, ya que si bien los bonistas reestructurados no podrían reclamar alegando la violación de la clausula RUFO (que claramente no se ha violado), debe evaluarse si podrían hacerlo por el compromiso más general que tomó la República con los bonistas reestructurados de no ofrecer mejores términos a los bonistas holdouts. La ausencia de dictámenes que se pronuncien respecto de este punto, evidencia que el Ejecutivo no ha podido obtener un dictamen que pudiera dar certeza acerca de la ausencia de este riesgo. Siendo así, debería al menos evaluarse el grado o magnitud del riesgo al que se enfrenta la República. La única garantía que este acuerdo no conlleva ningún riesgo, sería conseguir previamente, una renuncia expresa por parte de cada uno de los bonistas que integran el 93% de los bonistas reestructurados, a iniciar litigios futuros contra la República Argentina. Sin embargo, el Poder Ejecutivo Nacional ni siquiera ha consultado a los bonistas reestructurados que aceptaron de buena fe los canjes 2005 y 2010 y confiaron en nuestro país, su opinión acerca de estos polémicos acuerdos. Adicionalmente, debe tenerse muy en cuenta que el riesgo legal debe medirse vis a vis el riesgo económico, y la contingencia que potencialmente podría generarse, dado que los futuros reclamos podrían ser por “la diferencia” en los términos ofrecidos a uno y otros. Por lo tanto, a mayor diferencia, mayor la gravedad del riesgo y las consecuencias económicas de la contingencia. Respecto de este punto, deben tenerse en cuenta dos aspectos: En primer lugar, el solo hecho que el litigio se inicie y durante el tiempo que este transcurra, más allá de su resultado final, reporta un perjuicio para la República, no solo por los gastos legales y de otro tipo que esto conlleva, sino por el valor en prima de riesgo que los mercados asignan a este tipo de eventos. En segundo lugar, la magnitud del reclamo no es indiferente a la hora de tomar una decisión. En este caso, tal como se señaló, al ser tan grande la diferencia entre lo que recibieron los bonistas que ingresaron a los canjes y lo que estarán recibiendo los fondos buitre por este acuerdo, los montos que podrían estar involucrados en los potenciales reclamos resultan muy significativo. Si los bonistas del canje exigieran la diferencia entre lo que recibieron y lo que se le está pagando a los buitres, el riesgo asciende a USD 200.000 M, valor similar a toda la deuda pública, externa e interna, y representa la mitad del PIB de nuestro país. Por lo tanto, aún si se considera que el riesgo legal es bajo, al no ser cero, las consecuencias económicas si la contingencia se verificase, no son un dato menor a tener en cuenta. Con este acuerdo, dichas consecuencias serían ruinosas para el país. “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia

3. Los términos especiales del Acuerdo firmado con Paul Singer, TFA y otros. El Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo contempla un acuerdo especial para una serie de fondos, entre ellos NML, que contiene una quita menor a los otros acuerdos; así como llamativos reconocimientos de gastos y honorarios en diversos acuerdos. Más allá de la quita, deben considerarse algunas condiciones adicionales que están contempladas en este acuerdo en particular, que atentan contra la soberanía nacional. En el punto 2 del mencionado Acuerdo con NML, se contempla un pago adicional que asciende a los USD 235 M “para (a) resolver todos los reclamos afirmados fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, a nivel mundial, y (b) para reembolsarles a las Partes Demandantes honorarios legales donde fuere que se hayan incurrido, ya sea en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York o cualquier otra jurisdicción a nivel mundial.” Además de las consideraciones que haremos a continuación respecto del reconocimiento de gastos legales, en este caso en particular, es muy poco claro a qué corresponden estos gastos. No están especificadas cuales son aquellas causas señaladas en el punto (a), ni discriminados los supuestos gastos entre los puntos (a) y (b). El monto de reconocimiento de gastos legales es un monto no despreciable que hace que la quita se reduzca del 25% al 21%. Para tener una idea de la magnitud de este concepto indigno, equivale a medio presupuesto del CONICET. Este acuerdo reconoce gastos legales y honorarios de todo tipo. Esto implica, por un lado, reconocer que los Fondos Buitre tenían razón al no participar de los Canjes 2005 y 2010 y en su interpretación de la clausula pari passu. Esta postura difiere, no solo de la que ha tenido el gobierno hasta diciembre de 2015, sino también con toda la comunidad internacional. Y, por el otro, esto genera un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien litigios contra la República, ante el hecho que no solo no se negocia los montos adeudados, sino que el país paga los gastos legales. En relación también con el tema de honorarios, el Proyecto en revisión propone aceptar un acuerdo con aquéllos demandantes de la acción de clase “Brecher” que reconoce “ciertos gastos administrativos necesarios para individualizar a aquéllos acreedores que se encuentran comprendidos en la clase, toda vez que el reclamo involucra a un número indeterminado de bonistas. De ser el caso, este reconocimiento se hará extensivo a otros demandantes en otras acciones de clase.” Además de los problemas ya mencionados que conlleva el reconocimiento de gastos y honorarios, cabe preguntarse: ¿Cuál es la justificación de reconocer “gastos administrativos necesarios para individualizar a aquéllos acreedores que se encuentran comprendidos en la clase”? ¿Si los demandantes optaron por hacer una demanda de clase para especular con representar más “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” bonistas (que ni siquiera tenían identificados), para aumentar los honorarios de los abogados que inician este tipo de acciones y para aumentar su poder de extorsión; por qué el Poder Ejecutivo propone hacerse cargo de ese gasto? ¿Acaso el Poder Ejecutivo propone reconocer gastos de “inversión para especular contra Argentina”? ¿No es éste el colmo del tipo de gasto que va a reconocer el actual Gobierno? ¿Cómo se calculan estos gastos? Igualmente escandaloso es el reconocimiento de gastos y honorarios a la “Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini” (“TFA”). Según se lee en el Mensaje de Elevación del Proyecto de Ley en revisión, “Dentro de este grupo se encuentran alrededor de CINCUENTA MIL (50.000) acreedores de nacionalidad italiana agrupados bajo el colectivo denominado “Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini” (“TFA”) cuyo reclamo ronda la suma aproximada de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL QUINIENTOS MILLONES (U$S 2.500.000.000) y que iniciaron reclamos en 2006 ante la Corte de Distrito Sur de Nueva York y ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”) . Dado el agrupamiento en un único colectivo, la identidad en la nacionalidad de los tenedores de los títulos y los largos años de litigio en diversas jurisdicciones internacionales que incluyen tribunales arbitrales, junto con la Oferta Base, se ha acordado solventar ciertos honorarios profesionales y los gastos administrativos incurridos por sus representantes para identificar y reunir a todos los bonistas en una sola acción arbitral ante los tribunales del CIADI.” El Poder Ejecutivo no ha detallado ni los montos ni quiénes son los beneficiarios de los honorarios profesionales y gastos administrativos reconocidos en este Acuerdo. Tampoco explican por qué se reconocen estos reclamos y estos honorarios profesionales y gastos administrativos, si el caso iniciado por TFA ante el CIADI aún no ha concluido, y tiene grandes chances de ser rechazado, toda vez que –entre otras irregularidades– se cometieron groseras ilegalidades en violación de la defensa en juicio de la República Argentina. En este sentido, debería como mínimo haberse contado con un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que tiene a su cargo la defensa argentina en este arbitraje, para que de cuenta del estado procesal de dicho arbitraje y emita su opinión jurídica sobre el desistimiento de la defensa argentina en este caso, y sobre el reconocimiento de los honorarios profesionales y gastos administrativos a favor de los litigantes. Por último, no puede dejar de alertar sobre el Punto 7 del Acuerdo celebrado con NML Capital, toda vez que resulta un verdadero atentado a la Soberanía Nacional. En este Acuerdo, el Poder Ejecutivo acordó que la República Argentina se somete a una serie de prohibiciones para realizar emisiones de deuda hasta tanto no cancele el 100% de lo acordado con estos fondos que resultan inadmisibles. A su vez, los primeros fondos obtenidos para el pago se depositarán, por parte de las “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” entidades financieras que actúen en la colocación, directamente en las cuentas que indiquen los fondos buitre. Esto le otorga a los fondos contenidos en este acuerdo una prioridad absoluta respecto del resto de los holdouts. La frase textual firmada por el Poder Ejecutivo dice: “(…) la República Argentina acuerda que los primeros ingresos obtenidos de ello a través de la obtención de capital, hasta el monto total a ser abonado a las Partes Demandantes en virtud de los párrafos 1 (que no sea interés devengado luego del 29 de febrero de 2016) y 2 anterior serán abonados inmediata y directamente por los garantes u demás entidades seleccionadas para administrar o entregar los obtención de capital en Cuentas mantenidas con una o más instituciones financieras en el Estado de Nueva York.” Esta cláusula cercena la posibilidad endeudarse en dólares. Además, es riesgosa porque establece la predominancia de unos fondos buitres sobre el resto, lo que puede derivar en un nuevo “pari passu” a futuro.

4. La magnitud de la emisión que propone el Proyecto de Ley en revisión. A los fines de pagarle a los Fondos Buitre, el Gobierno actual pide en el Proyecto de Ley en revisión una autorización de este Honorable Congreso para realizar una o varias emisiones de deuda y a partir de las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados se ha fijado como monto máximo de emisión DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOCE MIL QUINIENTOS MILLONES (U$S 12.500.000.000).. Sin embargo, de acuerdo al mensaje que acompaña al Proyecto de Ley, se han alcanzado acuerdos por DÓLARES ESTADOUNIDENSES SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES (U$S 7.553.000.000). No obstante y como ya se ha mencionado, estos acuerdos no comprenden a la totalidad de los hold-outs. En este sentido, el artículo 6° autoriza al Poder Ejecutivo a realizar todos los actos necesarios para cancelar la deuda con los tenedores de Títulos Públicos (y/o sus representantes) que no estuvieran comprendidos en los acuerdos. Luego establece las ofertas que podrá realizar el Poder Ejecutivo para dichos acuerdos. Pero en vistas del reconocimiento de distintos gastos legales y administrativos y de la falta de claridad en los acuerdos ya subscriptos (véase Acuerdos suscriptos con Montreux Partners L.P. y EM U en fecha 3 de febrero de 2016 donde EM Limited y Argentina acuerdan resolver todo litigio con el pago de ¡entre! US$ 842.000.000 y US$ 848.000.000) se está solicitando autorización para la emisión de deuda que a priori supera ampliamente en magnitud los acuerdos alcanzados y que en todo caso se utilizará para pagar acuerdos que no serán ratificados previamente por el Congreso y cuyo monto individual no se encuentra restringido. La emisión de deuda por USD 12.500 M implica un fuerte aumento en la deuda que la República Argentina mantiene con el sector privado y en moneda extranjera. Vale aclarar que nada de esta deuda holdout forma parte de dicho número actualmente. “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Ésta asciende a un nivel aproximado de USD 40.000 M, por lo que se vería aumentado en más de un 30%. En términos del producto de Argentina implica aumentar en alrededor de 4 puntos porcentuales la deuda en relación al PIB. Asimismo, cabe resaltar que la emisión se realizaría bajo legislación de Nueva York. Esto contrasta con la política seguida con la emisión de deuda en los Canjes 2005 y 2010, en las que se intentó –y logró– utilizar en la mayor medida posible la legislación argentina. De hecho, cerca del 40% de los bonos emitidos en el marco de dichos Canje de Deuda fueron con legislación local. Luego, en los años sucesivos, posteriores a los canjes, se utilizó estrictamente la legislación local. En consecuencia, la realización de una emisión de esta magnitud implica un retroceso enorme en el sendero iniciado con los Canjes de 2005 y 2010 a los fines de recuperar soberanía con la legislación y jurisdicción que gobierna la deuda argentina; teniendo en cuenta que esta emisión representa aproximadamente la mitad de todo lo emitido con legislación extranjera en los canjes 2005 y 2010. Asimismo, podría equivaler a todo lo emitido con legislación de Nueva York en los canjes 2005 y 2010. En este sentido, cabe mencionar que la incorporación de las nuevas “cláusulas de acción colectivas” y “clausula pari passu”, como lo establece el artículo 9° del proyecto de Ley según la modificación introducida en la Cámara de Diputados, si bien resultan un avance para limitar el accionar de los fondos butire en el futuro, no eliminan completamente las posibilidades de su accionar. Por lo tanto, sigue presente la necesidad de impulsar un mecanismo supranacional para las reestructuraciones de deuda soberana, que esta Ley parece cercenar al plantear una solución contraria a los 9 principios para las reestructuraciones de deudas soberanas aprobadas en 2015 por la ONU. Por otro lado, corresponde resaltar que si bien el Gobierno ha hecho declaraciones respecto las posibilidades de obtener una tasa de interés menor a la que actualmente posee la deuda de nuestro país, lo cierto es que una emisión de esta magnitud, que no tiene antecedentes para países en desarrollo en los últimos 20 años, implicará pagar tasas de interés mayores. De hecho, pueden verse al respecto las declaraciones realizadas por representantes del fondo de inversión Blackrock a Bloomberg, el día 1 de marzo de 2016 en donde sostienen que la tasa no podrá ser menor al 8%. Una tasa de interés del 8% por una emisión de USD 12500 M, implica afrontar anualmente pagos de intereses por USD 1.000 M. Solo en 2016, este valor representa un incremento del 40% de los pagos de deuda en moneda extranjera al sector privado. Para tener una referencia en cuanto a esta magnitud, basta decir que represente un monto levemente inferior a la mitad de la inversión social estimada por la Asignación Universal por Hijo en un año. Es decir, que con el solo “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” pago de intereses anuales que implicaría una emisión de deuda de esta magnitud, podría pagarse por 5 meses la AUH a 3,7 millones de niñas, niños y adolescentes cada año. Esta transacción implica a su vez, un negocio gigantesco para los bancos que colocarán los títulos. Las comisiones, que podrán alcanzar hasta un 0,20% del monto emitido, implican ganancias por USD 25 M o 375 MILLONES DE PESOS. Pero adicionalmente, la posible suba en el valor de los bonos que ocurrirá con el eventual y temporal levantamiento de las medidas cautelares pari passu representará una ganancia adicional para las instituciones financieras. Estas recibirán bonos por los que pagarán a la República un valor menor del que luego obtendrán vendiendo en el mercado los títulos. Respecto de los USD 12.500 M que planean emitir, con una diferencia de 2 puntos porcentuales, la ganancia de los bancos, sin contar comisiones, podría superar los USD 200 M. Este hecho podría utilizarse como un elemento para obtener un mejor acuerdo, ya que si se paga a los Fondos Buitre con bonos, podría realizarse una emisión de menor valor teniendo en cuenta el aumento futuro del valor de dichos bonos.

5. Los efectos globales del Acuerdo propuesto en el Proyecto de Ley en revisión. Por último, pero no menos importante, cabe considerar cuáles son las consecuencias globales y sistémicas que tendrá este Acuerdo en caso de ser aprobado por este Honorable Congreso de la Nación. Esta forma de resolución al conflicto, en donde los fondos buitre resultan los ganadores indiscutidos, como lo refleja toda la prensa internacional, posee consecuencias negativas para las reestructuraciones de deudas soberanas futuras, más allá de las fronteras de la República Argentina. El Acuerdo que se adjunta con el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, consolida y convalida las estrategias predatorias de los fondos buitre que desalientan la participación en las reestructuraciones de deuda. Este comportamiento de los fondos buitre, envía el mensaje equivocado a los acreedores de buena fe de que eventualmente van a cobrar el 100% de sus reclamos, sin importar si eso es materialmente imposible o si lleva a frustrar el derecho de cobro de los tenedores de bonos. Además, extienden innecesariamente la duración del proceso de reestructuración de deuda, afectando así a todas las partes involucradas. Cuanto más tiempo le tome al Estado recuperarse, más tiempo le tomará a los acreedores cobrar sus créditos. Sin embargo, muchos de ellos cuentan con miles de millones de dólares para esperar tranquilamente el pago. La República Argentina ha tenido un rol de liderazgo en la Comunidad Internacional, recibiendo apoyo casi unánime en el diseño de alternativas que pongan un freno al avance de las conductas “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” predatorias y extorsivas de los Fondos Buitre. Tanta ha sido la inserción de la República Argentina en la Comunidad Internacional, que sus propuestas fueron avaladas por 136 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, concluyendo en la aprobación de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Este Honorable Congreso de la Nación no puede aprobar un Proyecto de Ley que desconoce estos Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana, y declarados por él mismo como de orden público nacional, mediante la Ley Nº

III. FUNDAMENTOS DEL RECHAZO
De acuerdo a lo explicado precedentemente, entendemos que cualquier Proyecto de Ley que se trate en este Honorable Congreso de la Nación debe partir de los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana. Por tales motivos, los términos y condiciones legales y financieros que se ofrezcan en el marco de la reestructuración de deuda deberán respetar los Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobados por la ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, y declarados de Orden Público Nacional por el Honorable Congreso de la Nación, mediante la Ley Nº 27.207 (artículo 2º). Cabe recordar que durante los años 2014 y 2015 el Gobierno argentino puso sobre la mesa de negociación la oferta del Canje 2005, que en su momento significó una quita del 65% sobre el capital, pero que los años de crecimiento de nuestro país permitieron un crecimiento de su valor a partir de los pagos que fue realizando la República. Tal como se explicó, el valor actual de dicha oferta, considerando la reinversión de los pagos de interés y capital recibidos por los bonistas, alcanza hasta los USD 1,4 por cada USD 1 de capital en default; contrastando radicalmente con los más de USD 3 por cada USD 1 de capital en default que se le está ofreciendo, por ejemplo, a Paul Singer y los demás Fondos Buitre. Este oferta significa un recaudo frente a eventuales reclamos del 93% de acreedores que ingresó a los Canje 2005 y 2010, eliminando cualquier tipo de reclamo futuro y de contigencia económica que, tal como se desprende de las diferencias existentes entre los montos a valores actuales de las ofertas 2005 y 2010 con los Acuerdos firmados por el Poder Ejecutivo Nacional, generan una contingencia económica para la República Argentina de montos siderales. Es dable precisar que, el Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, en su presentación ante este Honorable Cuerpo el pasado miércoles 16 del corriente, en oportunidad del Plenario de Comisiones de Presupuesto y Hacienda y Eonomía Nacional e Inversión al que fuera convocado para el tratamiento del Proyecto que motiva el presente dictamen, señaló: “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” “(…) No hay nada para provincias … Las provincias no tienen una deuda que están renegociando o un acuerdo transaccional. El acuerdo transaccional es del Estado nacional. Entonces no se prevé que, en una ley que permite ponerse al día al soberano haya que hacer alguna reflexión o alguna concesión a las provincias. Esas concesiones, de cualquier manera, ya las estamos haciendo (…)Lo que nosotros decimos sobre esta cuestión es que, mientras el soberano no haya resuelto esta situación, va a ser muy difícil para las provincias –incluso las provincias ordenadas que tienen proyectos de infraestructura para mejorar la situación de productividad y de inclusión social de sus poblaciones– conseguir el financiamiento adecuado. Me parece que estamos en una etapa donde es más lo que falta que lo que sobra en ese sentido. (…) Pero hoy el freno no está en la situación de endeudamiento de cada provincia o en la situación financiera: el freno está en que nosotros elegimos hasta este momento estar desconectados del mundo. Entonces, volver a conectarnos con el mundo va a permitir que muchas provincias puedan también aprovechar lo que decía el senador preopinante respecto de la disponibilidad de fondos a tasas de interés muy bajas y que, medidas en términos del retorno social de una obra de infraestructura, se repagan en muy pocos meses. No creemos ni queremos que eso sea solamente una alternativa del gobierno nacional. Tampoco creemos que el gobierno nacional tenga que entregar las obras de manera dadivosa, simplemente en función de quién se porta bien o de quién no se porta bien. Creemos que tenemos que ir a un federalismo en serio. Pero esto es como la antesala de esa discusión: pongamos las cuentas en orden, pongamos nuestro acceso a la normalidad primero y después realicemos toda la otra discusión que debemos llevar a cabo (…) (…) La realidad –también hay que decirlo– es que cuando uno mira el conjunto de las provincias y su situación de déficit tomadas en conjunto observa que es menor el déficit provincial que el déficit nacional. Por eso nosotros insistimos y decimos siempre que necesitamos volver al mercado –en este caso, la Nación–, porque si no tenemos la posibilidad de financiar el déficit no vamos a tener más remedio que hacer un ajuste. (…) Yo sé que esto molesta cuando lo decimos; pero sería mucho peor, sería mucho más molesto no decirlo porque la alternativa a la ausencia de financiamiento –y nosotros no creemos en el financiamiento monetario– es no poder financiar el déficit actual; y no lo podemos financiar porque no tenemos acceso al mercado. Y si no tenemos acceso al mercado no hay más remedio que hacer el ajuste que nosotros no queremos hacer y que estamos evitando. Por eso es tan importante esto, aunque no sean simpáticos los que están del otro lado. Como bien dijo el senador preopinante, nunca hay un acuerdo extraordinario porque, si no, una de las partes no lo aceptaría. Es el mejor acuerdo que pudimos conseguir y es el acuerdo que va a destrabar muchas de estas cuestiones. (…) Si no tenemos este acuerdo la situación financiera va a ser mucho más difícil para las provincias y también lo va a ser para la Nación. Entonces, esta propuesta de este gobierno de ir ordenando la situación fiscal heredada en forma gradual tendría que reconsiderarse. De hecho, cuando se pasa del gradualismo al shock, ya sabemos quiénes son los que pierden: y no queremos que vuelvan a perder los “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” que siempre pierden en estas estrategias de shock, que son los más débiles. (…) Claramente, el planteo desde el Poder Ejecutivo consiste e insiste en “paliar una situación fiscal heredada” y de no conseguirse este Acuerdo propuesto, sólo el ajuste en general, una dificultosa situación creciente para nuestras Provincias, y en defintiiva, todo ello traerá como consecuencia una situación cada vez más gravosa que recaerá sobre los “más débiles” de nuestra sociedad. (sic Ministro de Hacienda) En este orden de ideas, se comprenderá cabalmente la postura mayoritaria de los Gobernadores en relación con este Acuerdo. Así, en oportunidad de la Audiencia destinada a los Gobernadores provinciales a brindar su opinión sobre el Proyecto de Ley en tratamiento en el ámbito del Plenario de Comisiones del Honorable Senado de la Nación, desarrollada el pasado jueves 17 de marzo del corriente, fueron los representantes de Santa Cruz y San Luis quienes se opusieron al Acuerdo con los Fondos Buitre. En este sentido, el Vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, señaló: “ (…) Quiero decirles que traigo el saludo de la gobernadora y la explicación de por qué no está ella acá y por qué estoy yo: en este preciso momento, tenemos una paralización de obra pública en la provincia y un bloqueo de las rutas provinciales que, a su vez, determina la caída aún más pronunciada de la actividad petrolera. Una obra pública con fondos nacionales que no se está pagando desde fines del año pasado; además, se han determinado ochocientos despidos y hay quincenas, también desde fines del año pasado, en las que tampoco se les ha pagado a los trabajadores. Y muchos de esos trabajadores han votado este proyecto político que nos gobierna. Esos trabajadores de la obra pública no son ni Alicia, ni yo, ni Cristina, son argentinos que no tienen para llevarle de comer a su casa y están en una obra que, a su vez, genera energía para el país. Recién cuando Adolfo, mi amigo, a quién también respeto enormemente y valoro, felicitaba a Rosana, porque que estaba pidiendo endeudamiento para crecer, nosotros tenemos endeudamiento para crecer. Tenemos la represa sobre el Río Santa Cruz financiada por el gobierno chino, por tres bancos chinos, con tasas absolutamente accesibles. ¡Qué financiamiento para crecer! ¡Qué financiamiento para generar energía! No obstante eso, lamentablemente, esa obra también la tenemos parada. Hay 260 millones de dólares de los tres bancos chinos que financian la obra, que han venido a la Argentina, y no se están pagando a la unión transitoria de empresas que está llevando adelante la ejecución de esta obra, que ha determinado 100 despidos, que ha determinado el rompimiento de la cadena de pagos y que ha determinado el no pago a proveedores. Tenemos una realidad que nos lleva a manifestar en esta casa que este acuerdo forma parte de un todo. Porque la verdad es que no entendemos por qué tenemos estas obras públicas paradas cuando no hay ninguna medida judicial que “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” haya determinado que se paren. Y, así como lo decimos acá, se lo hemos dicho a los funcionarios nacionales (…)” “(..) La verdad es que –continuó González- no estoy en desacuerdo con que se auxilie a la provincia de Jujuy, a la provincia de Mendoza o a la provincia de Buenos Aires. O que la Capital Federal se haya sacado una suerte de Prode con el aumento de la coparticipación por un decreto en 18 mil millones de pesos, cuando nosotros tenemos – insisto- trabajadores de la construcción o trabajadores petroleros que están sin cobrar los sueldos. Reitero, no se llaman ni Alicia Kirchner ni Pablo González, son trabajadores argentinos que no tienen color político, inclusive muchos los han votado a ustedes. Venimos a manifestar una situación que se está dando en muchísimas provincias. Nosotros tenemos paralizado el 97 por ciento de la obra pública, obra pública que también está paralizada en otras provincias. No quiero pensar que eso sea consecuencia de alguna estrategia que determine que haya ciertos gobernadores que entiendan que haya que votar este acuerdo así como está a efectos de poder venir a resolver estos problemas. La verdad es que uno se lo pregunta también, porque desde el 10 de diciembre hasta ahora se han levantado las retenciones a las exportaciones y se han levantado las retenciones a la minería. No lo digo yo, el diario La Nación dice que se perdieron 100 mil puestos de trabajo. ¡100 mil puestos de trabajo!. Por eso reivindicamos ese paradigma que tenía Néstor, y lo voy a decir con todas las letras también, porque además me siento orgulloso de eso. En 2003 Néstor decía que había que crecer para pagar y no pagar para crecer. ¡Crecer para pagar! Y había caos, ahora no lo hay. ¡Ahí sí que había caos! Y nosotros no ajustamos. No vendimos que había que hacer un ajuste, que había que pagar para crecer. Y pagar con este costo que estamos teniendo ahora. ¡Se perdieron 2.500 millones de dólares en reservas! Y nos dicen que la salida del cepo fue exitosa. (…)” “(…) Entonces, hay situaciones económicas que nos llevan a pensar que se puede mejorar este acuerdo. No decimos que no haya que acordar. Nosotros resolvimos el 93 por ciento de la deuda. Una deuda que se contrajo antes -como ustedes saben mejor que yo- de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia. No decimos que no haya que pagar, decimos que hay que negociar mejor, que se puede volver a negociar, que hay circunstancias del acuerdo que nos generan muchísima preocupación. No hay un dictamen del procurador del Tesoro que diga que no puede haber nuevos juicios. Concretamente, con relación al acuerdo, necesito manifestarles que este es el panorama en general que se está viviendo en algunas provincias, y, como lo hice el 9 de diciembre, vuelvo a pedirles a los legisladores nacionales de mi país que estudien y vean la modificación de la figura jurídica YCRT, de yacimiento de las minas de Río Turbio, del aprovechamiento del carbón, que entendamos que hay muchísimos argentinos que todos los días bajan siete kilómetros en el socavón a ofrendar su vida para generar energía para la Argentina. ¡Energía para la Argentina! Las centrales térmicas van a generar 240 mega. La represa sobre el río Santa Cruz va a generar 1.740 megas. ¡Nosotros consumismos 100 megas! Estamos generando energía para el desarrollo de la Argentina, para el desarrollo de nuestro país, en este gobierno. Es “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” energía disponible para que haya proyectos productivos para el crecimiento de la Nación. Respecto del acuerdo, ¿por qué técnicamente decimos que se puede negociar mejor? La quita que se dice que es de 30 a 27 por ciento a nosotros nos da que es de 22 por ciento. Eso está en el preacuerdo que firma de puño y letra Paul Singer. Por otra parte, tampoco me parece que le tenga que medir los tiempos a este Congreso y que si no se firma antes de las 24 horas del 14 de abril el acuerdo se cae. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nos criticaban porque éramos la escribanía del Poder Ejecutivo? ¿Ahora qué vamos a ser: la escribanía de Griesa?, ¿la escribanía de Paul Singer? Reitero, pedimos que se siga negociando para resolver el 100 por ciento del problema en las mejores condiciones para la Argentina, que va a beneficiar a este gobierno. ¿Por qué arreglan mejores condiciones para algunos grupos acreedores y para otros no? ¿Eso no puede determinar que haya pari passu para otros fondos buitres que pidan el mismo tratamiento y que eso genere mayores juicios?, pregunto. Hay gente técnicamente más capacitada para opinar de esto pero son dudas que tenemos. ¿Qué va a pasar con los fondos buitres que no entran en este acuerdo? ¿Van a hacer otra ley cerrojo? ¿Van a generar nuevos juicios? ¿Cómo se va a cerrar este problema?, también preguntamos. ¿En qué condiciones van a venir las inversiones a la Argentina? ¿O en qué condiciones se nos dice a las provincias que tenemos que endeudarnos? ¿A qué tasa?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? ¿Qué va a pasar con ese flujo de capitales si llegase? ¿Y en qué planes de obras de infraestructura se van a aplicar? Es decir, hemos estado viendo el Plan Belgrano y no vemos mayores detalles de cómo se va a llevar adelante ese tipo de obra. Corremos el riesgo de que vengan esos capitales, como ha pasado otras veces, y después se vuelvan a ir a través de alguna otra figura. También les pido humildemente, como vicegobernador de Santa Cruz, como ciudadano de la Argentina si quieren, que retomen la ley 27.094, de las cuentas ocultas en Suiza y de la forma de investigar. Ahora que esta tan de moda y aparecen los videos, etcétera, investiguemos todo. Volvamos a la ley 27.094 porque corremos el riesgo de que ingresen los capitales ahora, en función de si se resuelve el 100 por ciento de la deuda, y se vayan por otra vía. Volvamos a la 27.094. De paso, daríamos la oportunidad al ministro de Finanzas y Hacienda de la Nación para que se defienda, ya que ahí figura con 68,3 millones de dólares por haber administrado las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat. Investiguemos todo. ¿En qué condiciones se van a dar los créditos a las provincias? ¿Van a salir todas juntas a endeudarse? ¿A qué tasa? Se nos dice que si esto se aprueba viene la solución en función de este financiamiento. Las provincias van a tener que salir. Ninguna se va a suicidar. ¿Por qué salió la provincia de Buenos Aires antes que las demás, entonces? ¿Por qué no esperó que se resolviera este acuerdo y para después salir a buscar financiamiento? Se supone que habría mejorado la tasa. Se supone que estamos todos viendo qué está pasando y advertimos que la provincia de Buenos Aires sale antes. “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Hay cosas que nosotros pensamos y entendemos que son necesarias para seguir avanzando. Hay aspectos técnicos del acuerdo que veo que se vienen manifestando. Lo que nosotros reclamamos es, como decía un compañero, esa humildad que se nos pedía; ese debate in extremis hasta agotar los tiempos que se nos pedía; el no tratamiento de normas express, como se nos pedía; tratar de resolver un problema que viene a determinar por años el futuro de muchos argentinos. Nosotros no venimos a poner palos en la rueda. Insisto: cuando hay cuestiones que se hacen bien nosotros lo reconocemos y lo vamos a hacer. Acabo de señalar algo en ese sentido. Hemos pedido una audiencia al ministro de Energía de la Nación y hoy nos va a atender y vamos a tratar de resolver el tema de las represas. También señalamos las cosas cuando creemos que son convenientes para el país y para los argentinos que viven en la provincia de Santa Cruz, no para Alicia ni para mí. Venimos a manifestar que estamos necesitando que se cierre este problema de la mejor forma posible para los argentinos, que vamos a trabajar para que la provincia y el país crezcan. ¿Por qué dicen que estamos apostando al caos? Nosotros estamos en una provincia que ha sido postergada durante 200 años, en la que todavía no resulta claro el tema del año 21 cuando mataron a 1.500 obreros patagónicos. Recién hace 4 o 5 años pudimos interconectarnos al sistema. Nunca tuvimos energía para desarrollarnos. Nos estamos cayendo del mapa. (…)” Para finalizar su presentación, el Vicegobernador de Santa Cruz enfatizó “Nosotros queremos que al país le vaya bien. Pero este acuerdo debe ser perfeccionado. Y hay que resolver el cien por ciento del problema, porque, si no, vamos a seguir en una especie de proceso kafkiano donde nunca podremos terminar con esta cuestión. Esta es la posición que me ha indicado la gobernadora que les transmita. Y como presidente del Poder Legislativo de la provincia estoy en condiciones de asegurarles que la mayoría de los diputados acompañan. Y más allá de que ustedes estén de acuerdo con lo que yo haya dicho o no, queremos decirles que sigan negociando, se puede hacerlo mejor y hay que resolver el cien por ciento del problema. (…) Lo que nosotros, como provincia, venimos a decir al oficialismo, a nuestros representantes, es que creemos que el acuerdo debe ser mejor. Nuestras senadoras tienen convicción propia, pero seguramente van a evaluar votar negativamente este acuerdo. no hablo de votar negativamente la posibilidad de acordar, sino este acuerdo, que no es lo mismo. Va a impactar directamente en las provincias, lo cual a nosotros nos preocupa también. Además, expliqué sucintamente por qué creemos nosotros que no se puede aprobar este acuerdo. No quiero entrar en tecnicismos que ya han visto y debatido acá y sobre los que cada uno tiene su opinión. Y un poco nosotros participamos de ese tipo de cosas. No estamos convencidos ni seguros de que esto sea beneficioso para que podamos, por ejemplo, si corresponde, tomar deuda. Por otro lado, vuelvo a señalar, senador: ya tenemos endeudamiento que ha hecho el Estado nacional con el esfuerzo de todos los argentinos que significa crecer. En estos términos he venido a plantear la posición de la provincia.” “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” En el mismo orden de ideas, Alberto Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis, señaló luego de un detallado relato histórico de origen de la deuda: “ (…) ¿Qué hacemos entonces con este proyecto de ley? A ustedes les va a parecer ingenuo, naif o que están perdiendo el tiempo escuchándome pero por qué no enfriamos el partido. ¿Por qué no nos serenamos? ¿Por qué no leemos el caso Olmos? ¿Por qué no leemos las recomendaciones del juez Ballesteros? ¿Por qué no pensamos que la Argentina puede solucionar sus problemas sin endeudarse? ¿Por qué no pensamos por qué cedemos la soberanía argentina? Yo respeto al juez Griesa pero no estoy de acuerdo con ceder la jurisdicción argentina. ¿Cómo el juez Griesa nos va a decir qué leyes tenemos que dictar? Estamos apurados por el juez Griesa. ¿Por qué no enfriamos? Por qué no intentamos una solución a la cuestión de la deuda externa seriamente y le pedimos al presidente de la Nación que hablemos también, en paralelo a esto, de la pobreza y de los grandes problemas que tenemos los argentinos. Es una deuda interna, por decirlo de otra manera. Esto es lo que me parece a mí. De última, si se está dispuesto a esto, veamos qué fórmula hay para que este proyecto sea la ley del “nunca más”. En paralelo al “nunca más” de la violación de los derechos humanos hubo toda una política de enjuiciamientos. O sea, se iban resolviendo los dolores del pasado, se iban tratando de curar las heridas del pasado. Acá también tenemos que hacer la ley del “nunca más” y curar los dolores del pasado. Hagan un escarmiento para estos judas argentinos -o como se llamen- que son además los que están atrás de los fondos buitres. Porque el problema de los fondos buitres está acá, no está en otro lado. No vayan a creer que el mundo habla de los fondos buitres; es el problema que está acá, los buitres están cerca. Estaban antes descriptos, no sé si ahora los habrán borrado, pero si se fijaban en la Internet salían hasta los nombres, algunos son altos economistas o conocidos funcionarios ligados a la Argentina. Borramos la causa pero los dólares los tienen los propios argentinos fuera del país. Esto es de público conocimiento. Y nos hacemos los distraídos, es de lo que no hablamos. Tenemos que volver a tranquilizarnos, a hablar de este tema con más profundidad. Y el tratamiento de este proyecto de ley tiene que ser bajo las reglas del “nunca más”. De nunca más endeudarse, nunca más deuda externa y nunca más un grupo social dominante que nos genere tanta corrupción, tanto atraso y tanta miseria. Nunca más cedamos la jurisdicción. Déjenme que haga futurismo o lo que imagino que va a suceder. El juez Griesa cumple años el 11 de octubre y ese día me imagino a los titulares de los fondos buitres, y tal vez algunos argentinos, tocándole el timbre para cantarle “Porque es un buen compañero.”. Es como pasaba en la película La Patagonia rebelde cuando le cantaban al coronel Benigno Varela “Porque es un buen compañero.” Él miraba con una cara como diciendo: ¡Dios mío! ¿Qué he hecho? La misma cara va a poner el juez Griesa cuando vea a los buitres argentinos cantando “Porque es un buen compañero”. Muchas gracias, señores. (…)” “2016– Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” En síntesis, por todo lo expuesto, las razones que nos llevan a oponernos al Proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional y a los Acuerdos firmados con los Fondos Buitre, son las mismas que nos llevan a defender la Soberanía Nacional, a través de un Acuerdo que no presente riesgos legales ni económicos que puedan hipotecar el futuro de nuestro país; que sea respetuoso del principio de equidad entre los acreedores y, más importante, de la palabra empeñada por el Estado Nacional no sólo en diversas leyes, decretos y sentencias judiciales de su Máximo Tribunal, sino ante organismos internacionales y la comunidad internacional toda; que sea sustentable para nuestra economía y que no abra las puertas, una vez más, al sobreendeudamiento externo de nuestro país en el marco de un programa de apertura al capital

María E. Labado.- * VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCION UNA VEZ CONFRONTADO CON EL ORIGINAL IMPRESO

One thought on “DICTAMEN DE RECHAZO A LOS FONDOS BUITRES

  • RAUL EDUARDO URIBE

    Es muy importante estar informado,porque por los medios masivos , solo están concentrados en la condena mediática, y ejercen un efecto de presión de la justicia con lo referido a todo lo actuado del gobierno de cristina, hay que estar atento cuando se expida el 13 de abril si la justicia de EE.UU rectifica el fallo del juez griesa. Me preocupa la forma de presionar y acortar los tiempo para que se apruebe todo en el senado. La pregunta porque no esperar hasta el 13 de abril que resuelve la justicia de los EE.UU. Y Despumes generar un debate mas amplio , para sobre guardar los intereses de todo los argentino. y que se esplique a todo el pueblo argentino los pormenores de este acuerdo. Donde se esta hipotecando el futuro de todos los argentino.

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