50 días de gobierno de Macri

Durante estos 50 días de gobierno, el presidente Macri ha tomado una batería de medidas político-económicas que han afectado especialmente el bolsillo y la situación laboral de sectores diversos de la sociedad, beneficiando a los que más tienen en perjuicio de los trabajadores.
En materia económica, el Ministro de Hacienda Prat Gay, junto con el presidente del Banco Central, pidieron un adelanto de U$S 8.000 a Bancos Internacionales para poder ofrecer dólares en el mercado de cambios a quienes los quieran demandar: para pagar importaciones, comprar dólares para ahorro, girar utilidades a las casas matrices por parte de multinacionales, etc. Esta operación se llama REPO. Por su parte, el Banco Central garantiza que pagará: lo que ocurre es que las condiciones de devolución que los bancos extranjeros le impusieron al Banco Central son las mismas que el Banco Central le deberá hacer cumplir al Estado Nacional. En conclusión, el Banco Central actuará transmitiendo las demandas de los bancos extranjeros al Estado Nacional: el Banco Central volverá a separarse del Estado y recuperará su perdida “independencia” o, lo que es lo mismo, renacerá la dependencia del Banco Central con los prestamistas internacionales. Esta operación llamada REPO es un chantaje a todos los argentinos ya que vamos a pasar a pagar con nuestros impuestos en el corto y en el largo plazo esta deuda contraída con el fin de que los sectores económicos más poderosos puedan girar grandes cantidades de dólares a sus casas matrices y que los exportadores puedan ganar cantidades siderales de pesos exportando en dólares.
Además, al haber liberado el “cepo” cambiario, llevando el dólar a 14.40, y al haber eliminado las retenciones de los granos (provocando una suba de los alimentos, al trasladar los precios internacionales al mercado interno), y al estar por aumentar los servicios de luz y de gas, ha provocado una suba de precios considerable de un 40 por ciento aproximadamente, con un alto impacto en el bolsillo de los trabajadores y de los sectores más vulnerables de nuestro país.
En materia social, el nivel de despidos en tan poco tiempo ha sido récord: estamos hablando de casi 50.000 despedidos en 50 días de gobierno tanto en el ámbito público (en dependencias nacionales, provinciales y municipales) como en el privado (medios de comunicación, industria petrolera y de acero). Además, los mecanismos de control y disciplinamiento incluyen amenazas generalizadas de despidos y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales: el desmantelamiento del Estado está pergeñado para generar un ejército de reserva que permita disciplinar trabajadores y que, de esta forma, no haya reclamos salariales.  Seguido de los despidos y del disciplinamiento social, el gobierno utiliza medidas de coerción represivas para amedrentar no sólo a quienes tienen el derecho de protestar frente a injusticias sociales (el caso de Milagro Sala, detenida por protestar sin haber cometido delito alguno), sino también a quienes no protestan: en la villa 1-11-14 del bajo Flores,  agentes de gendarmería reprimieron ferozmente a integrantes de una murga,  con balas de plomo y de goma, hiriendo a niños y niñas, habiendo alrededor de 80 chicos bailando desde los dos años en adelante.
En materia política, la catarata de decretos de necesidad y urgencia (DNU: “circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”) que emitió el presiente para sortear la intervención del poder legislativo evidencia un mecanismo preocupantemente autoritario de hacer política. Esta práctica avasalla la división de poderes, debilita el rol del Legislativo y refuerza la concentración de poder en el Ejecutivo. Dos de los DNUs más controversiales son los concernientes a la emergencia de seguridad pública (que establece que la fuerza pública está autorizada a pedir documento de identidad y detener a quienes considere de forma discrecional) y a la modificación de la ley de medios  (favoreciendo explícitamente al grupo Clarín, permitiéndole apoderarse de la empresa de telefonía Nextel). En sintonía con lo sucedido con el DNU que intentó la remoción de Martín Sabatella como presidente del AFSCA (organismo de aplicación de la ley de democratización de medios audiovisuales), se sumó el peligro de continuidad del fútbol democrático y universal para todos y todas al restringir la televisación de los clásicos del fútbol argentino a los canales once y trece, lo que provoca, en algunas regiones del país, tener que pagar cable ya que el único canal que se transmite gratuitamente a lo largo y a lo ancho del territorio es la televisión pública.
En resumidas cuentas, las medidas que ha adoptado el gobierno han estado dirigidas a beneficiar a unos pocos perjudicando a la mayoría de los argentinos: la suba de los precios generalizada, la baja del poder de compra de los salarios (devaluación de un 50 por ciento), el advenimiento del porcentaje insuficiente de las paritarias en relación con la inflación (25 por ciento del salario a 40 porciento de la inflación), el tarifazo de la luz y el gas, el sometimiento a los trabajadores con despidos y represión policial, el recorte estatal para pagar deuda a los efectos de beneficiar a los más poderosos posibilitando la disponibilidad de dólares frescos para girar utilidades al exterior por parte de multinacionales, fugar divisas, importar productos del extranjero impactando negativamente en la industria nacional, etc. Todo esto no es más un proyecto manifiestamente neoliberal con el objeto de redistribuir el ingreso en favor de los que más tienen en el corto plazo, provocando una caída inevitable del consumo interno y una recesión, destruyendo lo más rápido posible lo construido durante estos últimos 12 años con tanto esfuerzo por parte de todos los argentinos.